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Ingresan al “Altiplano” a Fernando Farías, acusado de encabezar una red de “huachicol” fiscal en la Marina

El Sureste by El Sureste
agosto 21, 2026
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Ingresan al “Altiplano” a Fernando Farías, acusado de encabezar una red de “huachicol” fiscal en la Marina
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El contralmirante Fernando Farías Laguna ingresó la mañana de este viernes al penal de alta seguridad número 1 del «Altiplano» en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras su expulsión de Argentina.

Farías Laguna es acusado de encabezar una red criminal de tráfico de combustible en la Marina junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien también está recluido en esa cárcel, mientras su tío, José Rafael Ojeda Durán, era titular de esa dependencia.

El contralmirante llegó esta madrugada a la Ciudad de México después de haber sido expulsado de Argentina y entregado a las autoridades mexicanas; su vuelo partió alrededor de las 3:30 de la tarde del jueves.

La aeronave Gulfstream G450, matrícula ANX1202, realizó un vuelo de aproximadamente 10 horas desde Buenos Aires con una escala en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla en Cali, Colombia.

Tras su llegada a México, Fernando «N» fue presentado ante un médico legista con la finalidad de ser certificado para después ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”.

Llegó al penal de alta seguridad alrededor de las 6:18 en un helicóptero que partió desde el hangar de la Fiscalía General de la República.

Farías Laguna es acusado de encabezar una mega red criminal de tráfico de combustible a través de las aduanas junto con otras 15 personas y se le imputan los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Se espera que este viernes se lleve a cabo la primera audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, donde el contralmirante pueda ser procesado.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como el de Tampico, en Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.

La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.

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