Según versiones, cerca de 16 mil novillonas entregadas anualmente en la entidad, una proporción significativa provendría de Centroamérica
Más de 10 mil reses distribuidas cada año en el marco del programa Crédito Ganadero a la Palabra en Tabasco no corresponderían a producción nacional, de acuerdo con productores y fuentes del sector pecuario que reportan inconsistencias en la procedencia del hato.
Las versiones indican que, de las cerca de 16 mil novillonas entregadas anualmente en la entidad, una proporción significativa provendría de Centroamérica. Los animales se adquirirían a menor costo en el extranjero y posteriormente se integrarían al programa como si fueran de origen mexicano.
Este esquema implicaría diferencias económicas relevantes. Las fuentes consultadas estiman márgenes superiores a los 100 millones de pesos por ciclo, derivados de la variación entre el precio de compra y el valor reportado dentro del programa.
El tema también involucra un componente sanitario. Especialistas advierten que el ingreso de ganado sin controles estrictos podría afectar la sanidad pecuaria, en un contexto donde México enfrenta restricciones de exportación hacia el norte por brotes de gusano barrenador.
A esto se suma la posible utilización de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SIINIGA). Estos dispositivos permiten rastrear el origen de los animales, y su uso irregular podría incorporar ejemplares extranjeros a registros nacionales.
En las denuncias se menciona la posible intervención de actores del ámbito político y ganadero, entre ellos Joaquín Alejandro Ligonio, subsecretario del gobierno estatal, y José Sabino Herrera Dagdug, senador de la República.
Fuentes cercanas al gobierno estatal señalaron que el tema habría sido del conocimiento del mandatario Javier May Rodríguez. De forma paralela, trascendió que este modelo habría sido planteado a Marco Antonio Barba Arocha, secretario del Campo en Chiapas, con la intención de replicarlo. En esa entidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar mantiene una política de supervisión en programas sociales y en la protección del estatus sanitario.
