Para el diputado local, Federico Döring, las autoridades siguieron los pasos de una política de gobierno creada por el ex presidente Felipe Calderón, continuada por Peña, y ahora institucionalizada por el actual gobierno.
“Militarizar al país es un decreto que acerca a un régimen como el de Pinochet y lo aleja de Salvador Allende, de quien se ha referido como el mejor presidente de América Latina”.
El legislador local panista subrayó que con el decreto presidencial se ha dado el primer paso para la militarización de la vida pública en México, creando un Estado de excepción, un régimen autoritario e instituciones sin contrapesos.
La propuesta era regresar al Ejército a los cuarteles y sólo los civiles se hicieran cargo de la seguridad pública. “Bajo esa premisa se creó la Guardia Nacional, con el aval también de la oposición”.
El decreto para militarizar la seguridad ciudadana es inconstitucional, pues va en sentido contrario a lo que aprobó el órgano reformador de la Constitución en marzo del año pasado, cuando se estableció en el artículo 21 de la norma suprema.
El decreto pretende fundarse en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019, que creó la Guardia Nacional. Pero ese artículo establecía que la participación de las Fuerzas Armadas sería de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
“Proponemos que el gobierno local firme un convenio de coordinación con el Gobierno federal a través del cual se establezcan límites y se fiscalice la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana en la CDMX”
Así como la conformación de un observatorio de seguimiento, evaluación y fiscalización de la actuación de las fuerzas armadas en el que participarían: el Secretario de Seguridad Ciudadana, la presidenta de la CDH CDMX, diputados integrantes de las comisiones de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Congreso, y ciudadanos que participen en la sociedad civil organizada.