Por Jorge Ramón Rizzo*
La ONU ha puesto a México frente al espejo de su propia realidad. Al iniciar abril se aprecia un sombrío escenario y estamos cerca de una crisis de derechos humanos de visibilidad mundial, porque en una decisión sin precedentes, el Comité contra la Desaparición Forzada del máximo organismo integrador de naciones ha activado el Artículo 34 de la Convención Internacional tras detectar un aumento de desapariciones forzadas en México, convirtiéndolo en el país con más acciones urgentes a nivel mundial.
Sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano ha sido la desestimación y la narrativa sumamente defensiva, evidenciando una desconexión crítica entre la realidad que viven las familias y la postura oficial.
La narrativa de la administración Sheinbaum de seguir culpando a los gobiernos «neoliberales» ha sido efectiva políticamente para mantener el apoyo popular en otros momentos, aunque muchos analistas dentro y fuera de México señalan que ya no es suficiente para ocultar los desafíos actuales de gobernanza.
Si hay un problema de inseguridad, rápidamente «refieren a Genaro García Luna»; si hay problemas de cárteles, se saca el estribillo de la «Guerra de Calderón»; si un buque tirase crudo en aguas mexicanas, la justificación es que «lo contrató Peña Nieto»; y así sucesivamente hemos visto como se desvía la atención del presente y se hace que la opinión pública mire al pasado.
Esta vez, el comunicado conjunto de Gobernación y Relaciones Exteriores en el que se rechaza el informe del referido comité de la ONU, empieza en su primera párrafo diciendo que «el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017, administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto», con lo que pretende el Gobierno Federal nuevamente cambiar la narrativa para mirar al pasado.
Y lo que si resulta cierto, es que el informe de la ONU advierte sobre fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas, destacando un repunte significativo en los últimos meses, específicamente de septiembre 2025 a febrero 2026.
Desde mi particular punto de vista, el informe de la ONU no es un ataque a México, es una crónica muy real de la ineficacia del Estado para proteger a sus ciudadanos. Y eso viniendo de la Organización de las Naciones Unidas, les está doliendo en el alma en la administración de Claudia Sheinbaum.
La negación gubernamental y el ataque a organismos internacionales, como lo pretenden hacer en el comunicado oficial solo prolonga la impunidad y el calvario de las víctimas.
El gobierno actual tiene la oportunidad histórica de aceptar errores y tomar de manera estratégica la ayuda internacional para asumir el verdadero control de la narrativa en materia de desaparición forzada e incluso hasta hacer una limpia en nuestras fuerzas de seguridad.
Porque hecho de que la ONU señale la participación de fuerzas de seguridad, incluyendo militares, en operativos recientes durante los años cuatroteistas 2024 y 2025, destruye la narrativa de que la desaparición es un fenómeno exclusivo del crimen organizado o de administraciones anteriores a la llegada de Morena al poder.
Mientras el gobierno presenta gráficas, las familias de los desaparecidos enfrentan la ineficiencia de las fiscalías. La brecha entre el discurso de «no hay desapariciones forzadas» y el dolor de los colectivos de búsqueda que encuentran fosas clandestinas es inaceptable.
La «limpieza» o «maquillaje» de los registros oficiales de desaparecidos para reducir la cifra parece más una política de imagen pública que una solución a la crisis de impunidad.
Este crudo suceso, le da la bienvenida al nuevo canciller mexicano Roberto Velasco y prende las alertas de una ruta sinuosa para México en el concierto internacional, particularmente en materia de derechos humanos.
*Periodista/Tlaxcala
