El IMSS-Bienestar en el Estado de México atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su instauración. A menos de un mes de la llegada de Natán Enríquez Ríos como nuevo coordinador estatal, el sistema sanitario que debía representar la esperanza de atención universal se hunde entre protestas, falta de medicamentos, impagos, corrupción y descontento generalizado del personal médico.
Las manifestaciones recientes en los hospitales La Perla de Nezahualcóyotl, De la Visión en Naucalpan y General de Chalco son solo la punta del iceberg. En el primero, una mujer embarazada fue rechazada por falta de insumos básicos, un hecho que desató la indignación del personal y de los familiares, y que simboliza la degradación de los servicios públicos de salud en la entidad. En Chalco, incluso el personal de limpieza salió a las calles para exigir pagos atrasados de varios meses, exhibiendo la descomposición administrativa del sistema.
La crisis, sin embargo, no comenzó con Enríquez Ríos. Su antecesora, Guadalupe Guerrero Avendaño, dejó tras de sí un desastre en abasto y gestión. Su salida no resolvió nada: los mismos grupos enquistados dentro del sistema sanitario siguen operando, manteniendo los vicios y la red de intereses políticos que han convertido al IMSS-Bienestar mexiquense en un territorio de impunidad y control corporativo.
Entre esos personajes destaca Godwin González Estrada, señalado en múltiples medios —Hoy Edomex, Estado de México Press, ANCOP Noticias y DigitalMex, entre muchos más— por presuntos actos de corrupción, venta de plazas, manipulación de contratos y desvío de recursos. Según los reportes, González Estrada operó previamente dentro del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), donde ya enfrentaba investigaciones por desfalcos millonarios, antes de infiltrarse en la estructura de IMSS-Bienestar.
Fuentes internas lo vinculan a una red política heredera del viejo grupo rojo priista, especializada en colocar empresas y operadores afines dentro del sistema de salud. De acuerdo con las denuncias, los cobros por plazas “aseguradas” habrían oscilado entre 50 y 70 mil pesos, mientras que las nóminas y adjudicaciones se habrían manejado con discrecionalidad para beneficiar a un pequeño círculo de aliados administrativos.
Los audios filtrados por DigitalMex y El Universal Edomex revelan otro ángulo alarmante: presuntos operadores —entre ellos el propio González Estrada— habrían manipulado políticamente las protestas del personal, instruyendo a los inconformes a no portar insignias del IMSS-Bienestar y a dirigir sus consignas únicamente contra las autoridades estatales. La intención: mantener el control narrativo y deslindar al aparato federal de las fallas internas del programa.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el funcionario sigue activo dentro de la estructura administrativa, mientras que voces críticas del sector salud denuncian que “alguien lo protege”. Su permanencia representa, según médicos y enfermeras, una burla al discurso de la “Cuarta Transformación”, que prometió depurar la corrupción en el sistema sanitario.
“IMSS-Bienestar prometió mejorar los servicios, pero seguimos en el abandono. Los mismos corruptos de antes, los mismos aviadores, los mismos que cobran sin trabajar, siguen ahí”, declaró un trabajador del Hospital General de Chalco citado por DigitalMex.
El portal Periódico Palacio confirma que los problemas de abasto y gestión se mantienen desde la salida de Guerrero Avendaño, mientras que La Jornada documentó casos similares de corrupción y favoritismo en hospitales como el “Dr. Pedro López” de Ixtapaluca, bajo un patrón de desviación sistemática de recursos públicos.
En contraste, 8 Columnas intentó maquillar la trayectoria de González Estrada destacando un supuesto “reconocimiento internacional”, aunque el gesto fue recibido con escepticismo y enojo por el personal de salud, que lo calificó como “una estrategia de lavado de imagen ante la ola de denuncias”.
La falta de abasto, los hospitales colapsados y los pagos incumplidos al personal médico y de apoyo se combinan con una crisis ética que erosiona la credibilidad del IMSS-Bienestar. Los trabajadores exigen una limpia administrativa profunda, la revisión de nóminas, contratos y adjudicaciones, y la remoción inmediata de funcionarios vinculados a prácticas corruptas.
Mientras tanto, el IMSS-Bienestar y las autoridades estatales guardan silencio. Ninguna postura oficial ha sido emitida sobre los señalamientos contra Godwin González Estrada, ni sobre los audios filtrados que exhiben la manipulación política de las protestas.
El sistema que debía garantizar bienestar y salud para todos en el Estado de México hoy enfrenta su peor diagnóstico: corrupción crónica, negligencia estructural y un cuerpo directivo enfermo de impunidad.
