Para que el Instituto Nacional de Migración (INM) establezca mecanismos permanentes de consulta y verificación de información oficial sobre antecedentes penales de personas extranjeras, derivados de sentencias firmes emitidas por autoridades nacionales o extranjeras, mediante coordinación con los mandos competentes y organismos internacionales, el diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) impulsa una iniciativa.
El documento, enviado a la Comisión de Asuntos Migratorios y que adiciona una fracción XIV al artículo 20 de la Ley de Migración, expone que, en un contexto de movilidad internacional creciente, las autoridades migratorias requieren mecanismos eficaces para consultar información oficial proveniente de otros países respecto de personas que pretendan ingresar o permanecer en territorio nacional.
Menciona que la delincuencia tampoco reconoce fronteras, pues una persona puede cometer un delito en otro país, recibir una sentencia y, posteriormente, trasladarse a México; sin embargo, si las autoridades mexicanas no cuentan con mecanismos adecuados para conocer esa información, existe un espacio de vulnerabilidad que puede ser aprovechado por quienes buscan evadir los controles de su país de origen y continuar realizando actividades ilícitas en otro territorio.
Por ello, la iniciativa busca cerrar ese espacio y no propone criminalizar a las personas extranjeras. Por el contrario, establece expresamente que la información objeto de consulta y verificación deberá ser oficial y derivar de sentencias firmes, con lo cual se protege el principio de presunción de inocencia y se evita que una simple imputación produzca consecuencias migratorias.
El diputado del PAN resalta que adicionar una nueva atribución al Instituto Nacional de Migración es para que establezca mecanismos permanentes de consulta y verificación de información oficial sobre antecedentes penales de personas extranjeras, derivados de sentencias firmes emitidas por autoridades nacionales o extranjeras.
El Instituto podrá coordinarse con las autoridades nacionales competentes y, cuando resulte procedente, con organismos internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Tal medida –abunda– permitirá fortalecer los controles migratorios sin convertirlos en mecanismos arbitrarios. El objetivo no es establecer una política migratoria basada en la nacionalidad de las personas, sino en información oficial, decisiones judiciales firmes y valoración conforme a la ley.
“Una persona no debe ser considerada delincuente por ser extranjera, pero tampoco puede ignorarse una sentencia penal firme emitida por una autoridad competente de otro país cuando esa información resulte jurídicamente relevante para determinar su situación migratoria en México”, añade.
Martínez López subraya que la seguridad de las familias mexicanas exige instituciones capaces de anticiparse a los riesgos y no únicamente reaccionar después de que el delito ha ocurrido.
Considera que México debe fortalecer sus mecanismos de cooperación internacional, intercambio de información y control migratorio, y seguir siendo un país de puertas abiertas para quienes vienen al territorio a trabajar, estudiar, invertir, visitar a sus familias o buscar protección, pero debe contar con controles.
