Especialistas, funcionarios y organizaciones civiles resaltaron la necesidad de atender los vacíos legales en materia de trata de personas en entornos digitales, fortalecer la identificación y protección de las víctimas e impulsar la prevención de este delito a través de una agenda legislativa y un presupuesto concreto.
Durante la mesa de trabajo “Prevención, persecución y atención integral de la trata de personas”, promovida y moderada por el diputado Gilberto Daniel Castillo García (Morena), Haydeé Vargas Sánchez, fiscal especial para la Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, de la Fiscalía General de la República, señaló la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y de investigación sobre este delito en medios digitales.
“Tener capacidad, los instrumentos, la tecnología y la capacitación para poder investigar estos delitos es todo un tema, es un reto, así como también dependemos de otros países, que es donde se aloja esta información y que no se encuentran en el Estado mexicano”.
Reiteró que en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos “hay vacíos en cuanto al tema digital”.
Explicó que plataformas digitales se utilizan para la captación de niñas, niños y adolescentes, y es “dependiendo de la etapa etaria en la que se encuentra el menor” es que cómo se usarán.
“Hay juegos en línea, chats, un sinfín de plataformas digitales donde ellos ingresan no sólo por curiosidad sino por temas de educación, y esto hace que los adultos, los tratantes o depredadores se hagan pasar por menores de edad y es la forma en que son captados”, detalló.
Hizo énfasis en que uno de los retos a los que se enfrentan es la rapidez con que desaparece la información, lo que dificulta las investigaciones. “Es importante tener claro que la tecnología cada día se actualiza y la información es volátil, con un clic estamos en las redes, en el ciberespacio, y con otro desaparece la evidencia”.
Por otro lado, subrayó que las autoridades deben identificar, atender y dar seguimiento a las personas víctimas de trata, ya que las violaciones a sus derechos no se ciñen al delito.
“No sólo el hecho victimizante que genera esta violación de sus derechos humanos, sino también la falta de seguridad jurídica y obviamente el no tener acceso a la justicia”, manifestó.
En su oportunidad, Felipe Vargas Carrasco, especialista de la Oficina de Implementación y Monitoreo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) México, habló sobre la creciente vinculación entre la trata y los fraudes digitales.
“Una de las manifestaciones emergentes que más preocupa es la trata de personas con fines de criminalidad forzada en operaciones de estafas en línea.
“En estos casos, las víctimas pueden ser captadas mediante ofertas fraudulentas de empleo, trasladadas a complejos destinados a realizar las actividades ilícitas, privadas de sus documentos, libertad de movimiento y obligadas a participar en fraudes digitales”, detalló.
Por lo anterior, hizo hincapié en la necesidad de aplicar el principio de no penalización a fin de distinguir a las víctimas de los victimarios.
“Debemos evitar que sean detenidas, procesadas o sancionadas por conductas que realizaron como consecuencia directa de la explotación o la coerción ejercida por los tratantes”.
De igual forma, mencionó la pertinencia de reforzar la “capacitación del personal de primer contacto, a fin de proporcionar herramientas especializadas y mecanismos claros de derivación, atención inmediata y segura, alojamiento y apoyo psicosocial, asistencia jurídica y social de las víctimas, retorno seguro cuando son personas extranjeras, una reintegración sostenible y continuidad de atención entre los países e instituciones”.
En materia de investigación, propuso seguir los recursos económicos de las redes. “Seguir el dinero puede ayudar a identificar estructuras criminales, relacionar operaciones aparentemente aisladas, ubicar activos y debilitar la capacidad económica de estas redes criminales”.
También, abundó, se “recomienda fortalecer la cooperación bilateral, regional e internacional mediante el intercambio oportuno y seguro de información, asistencia judicial recíproca, investigaciones conjuntas o paralelas, coordinación operativa, localización y recuperación de activos, participación de personal consular, entre otros”.
Además, mencionó que se tiene que revisar y fortalecer los marcos jurídicos regulatorios y las políticas públicas para responder efectivamente al uso delictivo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes que se usan para cometer este y otros delitos
Por su parte, Angie de Luna Palos, directora de “A21 LATAM”, expuso que la prevención de este delito debe incluir herramientas prácticas para reconocer riesgos y actuar de manera segura.
“¿Puede una persona reconocer una señal de alerta?, ¿sabe diferenciar esa situación de riesgo?, ¿cómo la va a reportar?, ¿conoce esas instituciones, esos mecanismos a los cuales debe de acudir? ¿la persona que está recibiendo la información está preparada para poder reaccionar de manera segura, para ponerse en seguridad ella y la persona afectada?”, cuestionó.
Solicitó que las conclusiones de la mesa de trabajo se traduzcan en acuerdos, posibles ajustes normativos y en la visibilización de necesidades institucionales y presupuestarias en la materia.
“Se podría aportar es una matriz de posibles ajustes legislativos y reglamentarios, eso significa identificar claramente qué corresponde el ámbito federal y qué requiere una coordinación en entidades federativas, y el tercer punto, es una identificación de necesidades presupuestarias, de información, de capacitación y de fortalecimiento institucional”, concluyó.
