El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) propuso reformar el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para apoyar a las y los servidores públicos en condición de vulnerabilidad durante la presentación de sus declaraciones patrimonial y de intereses.
Mediante una iniciativa, establece que los entes públicos, a través de sus respectivos órganos internos de control, de manera permanente y particularmente durante el mes de mayo de cada año, destinarán los recursos humanos y el equipo informático necesario para apoyar a las personas servidoras públicas que, por su condición de vulnerabilidad, así lo requieran en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
El diputado explica que su propuesta tiene la finalidad de facilitar el proceso de presentación de las declaraciones para aquellas personas servidoras públicas que, por razones de discapacidad, falta de conocimientos en la materia, incapacidad para acceder a un equipo de cómputo o en los llenados de los formatos, se ven impedidas para realizar ese trámite.
El documento indica que la presentación de la declaración patrimonial es fundamental para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público; a través de este mecanismo se busca garantizar que los funcionarios públicos cumplan con su deber de servir al interés público de manera honesta y responsable, evitando el enriquecimiento ilícito y la corrupción.
Menciona que la normatividad señala la obligación para las secretarías, así como para los órganos internos de control de los entes públicos, según corresponda, de establecer mecanismos de difusión, capacitación, asesoría y apoyo para que los servidores públicos conozcan las reglas para la presentación de las declaraciones.
No obstante, estos mecanismos no son suficientes para solucionar la problemática a que se enfrentan aquellas personas servidoras públicas que presentan alguna vulnerabilidad por razones de discapacidad o de accesibilidad que les imposibilita cumplir con la obligación de presentar sus respectivas declaraciones, puesto que implican los mismos problemas e inclusive incrementan los esfuerzos que deben realizar.
La propuesta, enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, considera que presentar la declaración patrimonial en México es un proceso que conlleva una serie de complejidades y desafíos; una de ellas, radica en la extensa cantidad de información que se debe proporcionar.
También, los funcionarios públicos están obligados a detallar minuciosamente todos sus bienes, ingresos, deudas y otros activos financieros. Esto implica recopilar documentación relevante, como escrituras, estados de cuenta, comprobantes de ingresos y otros documentos legales, lo cual puede resultar un proceso tedioso y engorroso.
Además, la declaración patrimonial debe ser presentada de manera precisa y completa, sin omitir ningún dato relevante, ya que cualquier error o falta de información puede generar sanciones legales y poner en entredicho la integridad de la persona servidora pública.
La eliminación de la discriminación en la búsqueda de la protección de los derechos humanos es un objetivo fundamental para promover la igualdad y la justicia en cualquier sociedad. Por ello, es esencial contar con leyes y políticas sólidas que prohíban la discriminación en todas sus formas, y garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos para todas las personas, sin excepción.
